Intervención de Antonio Sampietro Casarramona,
Candidato por el Grupo Independiente Liberal (G.I.L.) a la Presidencia
de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Congreso Extraordinario Nacional
del G.I.L.
"CEUTA: POR UN MODELO DE GESTIÓN AUTONÓMICO" Según la Constitución Española,
en su Disposición Transitoria Quinta, se dispone la oportunidad
de que Ceuta se constituya en Comunidad Autónoma. Realmente, esta disposición marca una premisa
para someter al debate parlamentario tal posibilidad: que su Ayuntamiento
así lo decía expresamente; voluntad que distintas Corporaciones
han manifestado de manera recurrente. Al contrario de ello, en 1995, las Cortes Generales
aprobaron el Estatuto de Ciudad actualmente en vigor, con lo que Ceuta
como Melilla se rigen por un híbrido modelo autonómico. El propio Estatuto de Autonomía de la Ciudad
regula su revisión, reforma y desarrollo a partir del primer quinquenio
de vigencia. Claro que esta posibilidad queda subordinada a la voluntad
de las Cámaras legislativas por cuanto Ceuta, a diferencia de las
restantes Comunidades Autónomas, no dispone de esta facultad. Su competencia en este ámbito se limita a iniciativas
legislativas que la Ciudad propone elevándolas a la Mesa del Congreso,
para su posterior defensa en el debate parlamentario por un representante
de la Asamblea. En el G.I.L. de Ceuta consideramos esencial que la
Ciudad reivindique sus máximas cotas competenciales. Esto no significa
alinearse con posiciones políticas coyunturales. Por el contratrio
representa un firme compromiso desde la convicción de que el modelo
actual de autogobierno frena las posibilidades de desarrollo de la propia
ciudad. Desde el punto de vista procedimental, la Administración
del Estado ha transformado a la Ciudad de la práctica totalidad
de competencias recogidas en su Estatuto. Todas ellas se circunscriben
en el ámbito administrativo, en cuanto a servicios que con anterioridad
prestaba la Administración periférica. La intervención del Gobierno de la Ciudad en
el proceso de transferencias se ha distinguido por una completa sumisión
al criterio impuesto por el Ministerio de Administraciones Públicas.
De tal modo que mas que un traspaso de competencias surgido de la negociación,
da la impresión de que la Administración del Estado se ha
despojado de servicios que comportaban una determinada carga económica,
ocupacional y asistencial. Todo ello se traduce en costes adicionales de recursos
propios calculados en torno a los 500 millones de pesetas anuales con alcance
para las próximas décadas. La consecuencia de ello es que la Ciudad asume un
mayor volumen de funcionariado, de cuya equiparación salarial con
los niveles retributivos de la Administración Local -siempre superiores-
se desmarca la Administración del Estado. En muchos casos la Ciudad ha recibido con los traspasos,
inmuebles de su propiedad. Se asume, en definitiva, una mayor responsabilidad
administrativa que desvirtúa la prestación de otros servicios
públicos esenciales. Y no porque entendamos que la Ciudad deba comprimir
su competencia como garantía de eficacia. Muy al contrario, porque
lo que asume constituye potencialidades de la propia Administración
autonómica que no se han desarrollado reglamentariamente y, en consecuencia,
coartan la verdadera capacidad de gestión. Así, cualquier iniciativa en el modelo de autogobierno
se subordina a la decisión del Poder Legislativo, ya no para grandes
cuestiones, sino para cualquier aspecto relacionado con la organización. -La
Ciudad figura como tal en la LOFAGE, aunque la falta de desarrollo reglamentario
de las
competencias, activa su regulación administrativa por la Ley de
Bases del Régimen Local. Nos encontramos pues ante un híbrido, adherido
al Estado de las Autonomías. Desarrollar este modelo de autogobierno, incluso hasta
incurrir en un concepto de transformación -sin duda, mucho más
ambicioso- nos parece esencial desde los planteamientos de gobierno del
G.I.L. Desarrollar el Estatuto de Autonomía es desarrollar
la dimensión de la propia gestión, en orden a consolidar
la presencia de Ceuta en el Comité de las Regiones Europeas. Ceuta es Europa y esto tiene que dejar der ser un
eufemismo. Hay que estar en Bruselas con un gabinete de representación.
También, en las 22 Conferencias Sectoriales, y no sólo en
la mitad de ellas. Nuestra voz autonómica debe preceder a nuestro
voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un voto que
tenga el mismo peso específico que el de cualquier otra comunidad,
consustancial con nuestros propios criterios autonómicos. En consecuencia, nuestra participación en futuros
Debates sobre el Estado de las Autonomías, debe representar una
oportunidad real para proyectar la imagen de Ceuta y reivindicar un modelo
de gestión: NUESTRO MODELO DE GESTION AUTONÓMICO.